¿Una luz al final del túnel?

Con la publicación del número 12 de Ornitología Colombiana, hay algunas razones para creer que 2013 será un buen año para la revista y para la ornitología (y para el estudio de la biodiversidad en general) en Colombia. Para la revista, porque al fin hemos superado un período algo frustrante de demoras en la recepción de evaluaciones y revisiones de manuscritos (y para los editores, haber superado un período excepcionalmente pesado de tareas de docencia), y al fin hemos logrado reunir un buen número de artículos y notas breves para este número. Ya tenemos varios manuscritos más adelantados para dar esperanzas para otro número en el primer semestre de 2013. Por otra parte, después de varios números con pocos resúmenes de tesis, hicimos una llamada a la RNOA – y ¡pronto nos llegó una rica cosecha! Llama la atención que entre los resúmenes que publicamos están representadas muchas universidades, y se destacan los programas de investigación y docencia de varios jóvenes profesores que están consolidando grupos de investigación activos. ¡El estudio de las aves sigue cogiendo vuelo en el país! Otro asunto que nos alegra es que, por primera vez, publicamos en Ornitología Colombiana un trabajo realizado en Argentina; que autores de esa parte del continente se estén animando a publicar sus estudios en la revista habla muy bien de nuestro creciente posicionamiento a nivel internacional.
Para los estudios sobre la biodiversidad en general, incluyendo a la ornitología, parece que al fin el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está prestando atención a la crítica situación relacionada con la obtención de permisos de investigación, especialmente los relacionados con colecciones biológicas y estudios genéticos. La problemática actual en torno a los permisos mencionados se remonta a 1996, con la Decisión Andina de Cartagena, en reconocimiento de la necesidad de frenar la llamada biopiratería: el aprovechamiento de los conocimientos de plantas medicinales de los pueblos étnicos por parte de multinacionales farmacéuticas para extraer y propagar tales plantas, patentar y obtener ganancias de sustancias usadas en sus drogas, sin repartir los beneficios a los pueblos mismos. De esto se derivó la política de requerir “contratos de acceso a recursos genéticos”. El decreto 309 de 2000 amplió esto para exigir permisos de investigación para estudiar la biodiversidad, y generó una serie de leyes que tejían una telaraña de requisitos burocráticos para la obtención de tales permisos. Una de las más onerosas fue la ley 70 de 1993, que exigió que, para cada investigación propuesta, el Ministerio del Interior debía certificar que ésta no ocurriría en tierras de los pueblos étnicos (indígenas y afrodescendentes); de lo contrario, se exigía una consulta previa a las comunidades involucradas por parte de funcionarios de este ministerio, cuyos costos serían asumidos por el investigador. Estas consultas podrían agregar montos de ca. $25 millones al presupuesto del proyecto mismo, y conllevaban demoras de meses y hasta años para la realización de la consulta y su aprobación (o no) por parte de la comunidad. El resultado fue efectivamente erigir un obstáculo al acceso de casi un 30% del territorio nacional para cualquier estudio de la biodiversidad, fuera puramente científico o de bioprospección con fines de lucro. Mientras tanto, los contratos de acceso al recurso genético estaban empantanados en el Minambiente: de unos 565 proyectos de investigación genética, en su gran mayoría relacionados con filogenia y estructura poblacional de especies silvestres, sólo 48 suscribieron contratos entre 2007 y 2012, así frenando el progreso de un área de punta en el estudio de la biodiversidad y restringiendo las colaboraciones internacionales para científicos colombianos. Colombia estaba llegando a ser un “hueco negro” para estudios de gran envergadura: un investigador recopiló más de 50 tales estudios de los últimos tres años que presentaban datos de secuencias génicas de todos los países vecinos pero no de Colombia, en muchos casos cuando las áreas críticas para resolver problemas de taxonomía y sistemática estaban precisamente aquí. Además, paradójicamente, las trabas a la investigación estaban restringiendo la producción de nueva información necesitada por el gobierno para diseñar mejores políticas de conservación.
Al haber firmado el protocolo de Nagoya en 2011, para ver si posteriormente se ratificaría como ley de la República, Colombia se comprometería a agilizar la expedición de los permisos de investigación y los temas de acceso, pero la situación seguía igual, a pesar de los reclamos de la comunidad científica: las leyes trataban a los científicos nacionales como amenazas para la biodiversidad que necesitaban regulaciones severas para evitar abusos. Si bien hay que reconocer que estas leyes tenían como objetivo la protección de la biodiversidad y los conocimientos de las etnias y sus derechos sobre sus recursos naturales, era evidente que los que las escribieron no entendían la naturaleza e importancia de los especímenes y colecciones biológicas, ni la naturaleza de las poblaciones naturales como recursos renovables mientras sus hábitats se mantuvieran intactos. Además, quienes redactaron las leyes desconocieron la diferencia entre bioprospección y la investigación científica sin fines de lucro, para la cual el intercambio y la publicación de información es esencial. Como consecuencia de dicha legislación, muchos científicos se sintieron especialmente ofendidos por el contraste entre las trabas para permisos de investigación sobre biodiversidad y la facilidad de obtener autorización para realizar actividades mineras y madereras, incluso en áreas protegidas, que representan amenazas severas para la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas.
Hace un año la copa se rebosó con la resolución 0260 de la recién creada Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que estableció cobros para todos los trámites para obtener permisos de investigación relacionada con la biodiversidad (aumentando los costos de cualquier proyecto en varias millones de pesos) y con la presentación del Minambiente de una propuesta de proyecto de ley para regular la “colecta científica sin fines de lucro” que, lejos de agilizar la obtención de estos permisos, agregaría más obstáculos burocráticos. La comunidad científica reaccionó con una serie de cartas y documentos dirigidos al Minambiente y el Presidente de la República protestando por las nuevas imposiciones. Entre éstos estuvo una carta de la junta de la ACO, con un análisis detallado del proyecto de ley demostrando sus inconsistencias y falencias (véase http://bit.ly/UJ20r6 y http://bit.ly/VObi4U). Afortunadamente, la reacción de los científicos produjo una serie de reuniones, talleres y foros con participación de varias agencias gubernamentales y representantes de la comunidad científica, incluyendo uno en octubre de 2012 en donde el Minambiente dio muestras (al fin) de entendimiento del problema. Con otras reuniones hacia finales del año, se conoció que el Minambiente está elaborando un nuevo proyecto que toma en cuenta muchas de las recomendaciones de la comunidad científica, eliminando muchas de las trabas especialmente para las universidades con colecciones biológicas registradas y grupos de investigación reconocidos. En la nueva reglamentación, se quiere que eliminen los requisitos de los contratos de acceso al recurso genético para estudios puramente científicos que utilicen herramientas moleculares, la necesidad de permisos de colección para actividades relacionadas con la docencia e investigación liderada por universidades y colecciones biológicas registradas y la necesidad de la consulta previa para los estudios que no comprometen las tradiciones y bienestar de las comunidades étnicas, entre otras cosas. Este nuevo proyecto se presentaría por parte de Minambiente en los primeros meses de 2013 y sería importante que todos lo examinemos con cuidado. Entre otras cosas, sería importante evaluar con cuidado lo referente a las ONG que realizan investigaciones importantes sobre la biodiversidad -entre las cuales hay varias asociaciones ornitológicas miembros de la RNOA- y a lo referente a los estudios de impacto ambiental. De todas formas, al parecer, el nuevo proyecto representará una mejoría sustancial para el estudio y la conservación de la biodiversidad. ¡Al fin parece que habrá una luz al final del túnel! Con una mayor facilidad para hacer investigación, también esperamos que se pueda producir una mayor cantidad de artículos científicos de creciente calidad, muchos de los cuales esperamos recibir en un futuro para publicación en Ornitología Colombiana.
F. Gary Stiles & Carlos Daniel Cadena
Editores, Ornitología Colombiana

Agradecimientos

Para la elaboración de este número de Ornitología Colombiana, contamos con la valiosa ayuda de un conjunto de excelentes evaluadores que dedicaron tiempo y esfuerzo a examinar constructivamente los manuscritos. Muchas gracias a Humberto Álvarez-López, Gilbert Barrantes, Richard O. Bierregaard, Gustavo A. Bravo, Charles Collins, Carlos A. Delgado, Craig Farquhar, Harold Greeney, Manuel Marín, Luis Germán Naranjo, Juan Luis Parra, Peter Pyle, Luis Miguel Renjifo, César Sánchez y Jorge I. Velásquez, y un agradecimiento a nuestro editor asociado Kristof Zyskowski por su evaluación de dos manuscritos. Finalmente, agradecemos de manera especial a Tatian Celeita por su trabajo con la diagramación de la revista y a Loreta Rosselli por el mantenimiento de nuestra página web.

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En la actualidad, la revista ORNITOLOGÍA COLOMBIANA es ampliamente reconocida por la descripción de especies nuevas e información relevante para la conservación de las aves en el país.  Cuenta con la indexación en buscadores de artículos como Scopus y tiene presencia en las bibliotecas de más de 20 instituciones nacionales e internacionales. Esto le permite a la revista, a sus artículos y principalmente a los autores visibilidad y reconocimiento profesional.

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